José Vladimir Antuna, reportero del diario El Tiempo de Durango (México), murió estrangulado poco después de su secuestro por un grupo armado. Antuna, amenazado por denunciar los nexos de la policía con el crimen organizado, ya había sufrido un atentado hace unos meses. En lo que va de año, otros dos periodistas de El Tiempo, Carlos Ortega y Eliseo Barrón, fueron asesinados en Durango por sus textos sobre el narcotráfico.
El cadáver de Antuna apareció con el siguiente mensaje: "Esto me pasó por dar información a los militares y escribir lo que no se debe. Cuiden bien sus textos antes de hacer una nota". Según Reporteros sin Fronteras, desde el año 2000 han sido asesinados 56 periodistas mexicanos.
No son sólo narcotraficantes y policías corruptos los que intimidan y matan a periodistas. Informadores de todo el continente sufren amenazas de distinto tipo, ya sea a través de leyes, censuras y otras restricciones, o por asesinatos de bandas criminales. Un número creciente de gobernantes acosan a los medios y coartan a los periodistas.
En la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que acaba de celebrarse en Buenos Aires, más de 500 editores de 1.300 publicaciones aprobaron un informe final crítico, detallado y contundente en el que denuncian "claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático" en América Latina. En el documento, la SIP describe "la acción coordinada de los gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra los periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias decisiones judiciales que limitan la labor informativa".
Periodistas de Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua denuncian que sus presidentes excluyen a medios independientes u opositores de sus ruedas de prensa, del acceso a información oficial y del reparto de la publicidad generada por el Estado.
Enrique Santos, presidente de la SIP, denunció el acoso sistemático a los medios independientes y mencionó que Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, México y Honduras, están entre los países donde existen amenazas de distinto tipo, mediante leyes, censuras, restricciones, así como asesinatos por grupos criminales. Según Santos, el hostigamiento de los gobiernos y el narcotráfico son una amenaza para la libertad de expresión. "Vemos una sistemática y agresiva descalificación que hacen jefes de Estado a los medios que no les son adeptos", señaló.
En Venezuela, se esgrime el "delito mediático", que se configura en los tribunales con categorías tan vagas como "promover hostilidad", "generar percepciones falsas" y "tergiversar o manipular noticias", un ropaje jurídico que permite el acoso legal a medios de oposición.
En su guerra contra los medios Hugo Chávez ha encontrado el apoyo de Rafael Correa y de Evo Morales. Los tres presidentes califican a los periodistas de instrumentos de desinformación y desestabilización. Chávez apeló a la necesaria democratización de las comunicaciones para cerrar un canal y 32 emisoras.
Venezuela, Argentina y Ecuador son los países que más preocupan a la SIP. "No es casualidad que varios gobiernos estén unidos por una ideología exportada por el presidente Chávez, quien ha cerrado 34 emisoras de radio y dos canales. Esta tendencia se refleja en las legislaciones de diversos países, como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales en Argentina; el proyecto de Ley de Comunicación de Rafael Correa en Ecuador", se señala en el informe.
"Creo que el caso de Ecuador es el más grave, porque está llevando adelante una ley que en Nicaragua ya fue rechazada. Eso de crear una comisión ética, que decida quién es el capacitado para ejercer el periodismo y quién no o sancionar a un periodista y sacarlo del ejercicio es algo grave. Es una intención que comparten todos los gobiernos del grupo de la alianza bolivariana Alba. Unos avanzan más rápidamente que otros, según las circunstancias internas, por ejemplo la alta popularidad de Correa", comentó Francisco Chamorro, director de El Nuevo Diario, de Nicaragua.
La preocupación de la SIP en Ecuador se debe por el "agravamiento del clima oficial respecto de la libertad de prensa que podrían tener como fin controlar y debilitar a los medios, en su faz periodística, en su independencia económica, el hostigamiento y violencia a varios periodistas, medios y sus directores".
La presidenta argentina Cristina Fernández recurrió al mismo argumento para aprobar una ley que restringe a 10 el número de frecuencias a las que puede acceder una empresa. El grupo Clarín poseía 264.
Rafael Correa sembró la sospecha de que las emisoras de radio y los canales de televisión adquirieron de forma irregular las licencias de emisión. En base a este cuestionamiento podría cerrar a los críticos del Gobierno. En repetidas ocasiones, el presidente ecuatoriano ha acusado a los medios de mentirosos, conspiradores, corruptos y mediocres. Incluso exhortó a los gobernantes sudamericanos a que aprueben leyes "contra las malas prácticas de los medios".
El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, silenció de forma temporal, una emisora de radio y un canal de televisión por sus críticas al golpe del 28 de junio. Posteriormente, emitió un decreto que establece medidas para "evitar que los medios atenten contra la seguridad nacional y el orden público", lo que equivale a que medios críticos como Radio Globo o el canal 36 tengan que imponerse la autocensura.
En Colombia los periodistas tienen que enfrentar el hostigamiento y amenazas de paramilitares, guerrilla, jueces y sectores intransigentes del Gobierno. La SIP lamenta que el periodista Herbin Hoyos haya tenido que salir de su país, por sexta vez desde 1998, al descubrirse un plan de los rebeldes de las FARC para asesinarlo.
Brasil era la excepción en la región. Sin embargo, el semanario Veja critica a Lula por haber afirmado hace dos semanas que "el papel de la prensa no es fiscalizar sino informar, los periodistas deben mezclarse con la gente, publiquen lo que oigan, no interpreten". Veja critica que "Lula nos quiere enseñar a hacer periódicos". Y le recuerda a Lula que tener 80 % de popularidad no le da credenciales para ser reportero o editor. "No es atribución del ejecutivo trazar límites a la prensa, no existe periodismo de Estado ni ministerios de propaganda", subraya la revista.
